Un análisis reciente ha puesto de manifiesto que el proyecto criptográfico vinculado al expresidente Donald Trump ha recaudado aproximadamente 350 millones de dólares. Según el informe, las entidades encargadas de gestionar el memecoin han obtenido 314 millones de dólares a través de la venta de tokens, mientras que otras 36 millones provienen de las comisiones cobradas en la blockchain de Solana.

El estudio detalla que, tras el lanzamiento oficial del token, se acuñaron 1.000 millones de unidades, de los cuales 200 millones se liberaron en la primera tanda y el resto se distribuirán gradualmente durante los próximos tres años. Una parte significativa, alrededor de 158 millones, se destinó a un pool de liquidez, permitiendo a los inversores adquirir el token mediante intercambios por una moneda estable.

El informe también señala indicios de presuntas maniobras en el mercado. Por ejemplo, se evidenció que las cuentas relacionadas con Trump vendieron 100 millones de tokens al día siguiente del lanzamiento a un precio inferior a 1,05 dólares. Tras retirar las primeras ganancias, estas billeteras volvieron a inyectar cerca de 291 millones de dólares en otro pool de liquidez, en un aparente intento por sostener el mercado. Además, se registró una compra interna de tokens a precios elevados con el objetivo de estabilizar la cotización tras la caída que siguió al lanzamiento de otro memecoin vinculado a Melania Trump.

A pesar de que el precio del token alcanzó un pico de 75 dólares para luego desplomarse en un 82%, las cuentas asociadas mantienen aproximadamente 831 millones de tokens que, en conjunto, ostentan un valor notorio. Este fenómeno ha encendido las alarmas tanto en el sector como entre legisladores, quienes han comenzado a plantear medidas para limitar la actividad de proyectos similares, promoviendo incluso la introducción de sanciones penales en casos de fraude o manipulaciones de mercado.

Con el auge de los memecoins y sus imitaciones, las autoridades financieras han reiterado que estos activos no se rigen por las leyes de valores actuales, delegando su control a otros organismos. Mientras tanto, el debate sobre la regulación de estos instrumentos continúa, en medio de propuestas para limitar la participación de figuras políticas y sus familias en este tipo de actividades.