Durante una conferencia de prensa el 7 de marzo, antes de la primera Cumbre Cripto en la Casa Blanca, un alto funcionario explicó que el gobierno de Estados Unidos posee aproximadamente 200,000 Bitcoin procedentes de procesos de decomiso. Según sus declaraciones, en litigios criminales y civiles el Estado llegó a adquirir cerca de 400,000 Bitcoin, de los cuales alrededor de la mitad fue vendida de forma improvisada a lo largo de la última década. Esta gestión sin una estrategia definida habría costado a los contribuyentes unos 17 mil millones de dólares.
El funcionario señaló que los 200,000 Bitcoin restantes serán integrados en una reserva estratégica con el objetivo de preservar y potenciar su valor a largo plazo. Asimismo, se aseguró que estas tenencias continuarán siendo auditadas para mantener la transparencia en el manejo de los activos digitales.
En paralelo, se recordó la orden ejecutiva firmada recientemente, que buscaba la creación de una reserva de Bitcoin y un almacén de activos digitales. Esta medida establece que los Bitcoin en poder del gobierno no deben ser vendidos, y autoriza a las autoridades responsables para explorar formas de incrementar la reserva sin incurrir en mayores costos para el Estado.
Adicionalmente, informes de inteligencia revelan que el portafolio criptográfico del gobierno se ubica en torno a los 18 mil millones de dólares, siendo la gran mayoría de estos activos Bitcoin, además de contar con participaciones en Ethereum, Tether y Binance Coin. Estos criptoactivos provienen fundamentalmente de decomisos en casos de actividades ilícitas, como el conocido caso Silk Road, entre otros incidentes de ciberdelincuencia.
