El bufete legal GlobalB ha iniciado una acción judicial para impugnar la prohibición estatal que impide el uso de criptomonedas como medio de pago en Turquía. Liderada por Sima Baktaş, socia fundadora de la firma, la estrategia consiste en demostrar que la adopción de pagos con activos digitales aportaría beneficios económicos a largo plazo, aceleraría la innovación financiera y crearía sistemas de pago más inclusivos y eficientes. Según Baktaş, permitir estos pagos posicionaría al país como un centro de adopción de tecnología blockchain y abriría la puerta a una mayor inversión internacional, ya que empresas y capitalistas buscan entornos regulatorios favorables para operar.
La medida judicial se llevará a cabo durante una audiencia programada para el 28 de mayo en Ankara. Aunque los ciudadanos turcos tienen permitido comprar, mantener y comerciar criptomonedas, desde 2021 se vetó su uso directo o indirecto en servicios de pago tras la prohibición impuesta por el Banco Central de la República de Turquía. Con este litigio, GlobalB pretende no solo revertir la restricción, sino también allanar el camino para nuevos modelos de negocio, en particular para las plataformas de intercambio que buscan obtener licencias y operar bajo una normativa clara y segura.
Paralelamente, Turquía ha mostrado avances hacia un entorno más favorable para los criptoactivos. Durante el último año se implementó un marco regulatorio que permite a los proveedores de activos digitales solicitar licencias, lo que ha motivado el interés de importantes exchanges nacionales e internacionales. Además, se han endurecido las normativas contra el lavado de dinero, exigiéndose reportes en transacciones que superen ciertos montos, y diversos bancos han comenzado a ofrecer servicios relacionados con criptomonedas en colaboración con plataformas extranjeras. Este contexto de crecimiento en la adopción de activos digitales subraya la oportunidad de crear un ambiente regulado y dinámico que impulse el desarrollo de la economía digital.
